El peronismo se movilizó en el Congreso para evitar la privatización de la empresa nacional de energía atómica que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
Ayer lunes, el Senador José Mayans presentó un proyecto que busca anular la venta del 44% de la compañía habilitada por la Ley Bases. Como ya lo había adelantado Séptima Hoy, ante la avanzada privatizadora del Gobierno nacional, Mayans propuso «declarar al sistema nuclear argentino como un bien público y estratégico, y por lo tanto inenajenable». En paralelo, en la Cámara Baja, la Diputada Agustina Propato impulsa una iniciativa que prohíbe expresamente la venta o entrega como “parte de una operación financiera” de las centrales nucleares.
Entre los argumentos de la Diputada, se destaca que “las centrales nucleares no pueden ser enajenadas ni ser garantías de operaciones financieras de ningún tipo, dado su carácter de esenciales para el desarrollo y la seguridad de la Nación”.
La oposición espera que ambos proyectos puedan ingresar en la agenda parlamentaria esta semana. Al mismo tiempo, apela a que sectores que votaron a favor de la Ley Bases cambien su postura y se opongan a la venta del capital accionario de Nucleoeléctrica.
Las alarmas en la oposición se encendieron desde que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que “se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de NA-SA”, lo que sucedió esta mañana.
Otro elemento que generó preocupación fue un mensaje de la Subsecretaría de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, emitido tras el viaje del Presidente Javier Milei y su comitiva a Nueva York para buscar respaldo financiero. La subsecretaría norteamericana publicó: «Estamos entusiasmados por nuestra cooperación en energía nuclear y agradecidos por las acciones de Argentina en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional”.
Desde el peronismo interpretan que detrás del proceso de privatización no existe un plan de desarrollo de energía nuclear. Sostienen que se trata de un camino para paralizar la tecnología atómica argentina, dado el interés de dominio de Estados Unidos en el área a nivel internacional. En este contexto, la decisión del Gobierno de Milei responde solo al alineamiento geopolítico en detrimento del interés nacional.
En esa línea, Propato denunció en la sede del PJ que una de las condiciones del Tesoro norteamericano para el respaldo financiero al Gobierno es “la desactivación del plan nuclear argentino”, con un “fin no comercial sino geopolítico”.
En sintonía con la diputada, el ex Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Diego Hurtado, apuntó que “Estados Unidos quiere ser competitivo en pequeños reactores nucleares” y que, por esa razón, el Gobierno mileísta “paralizó el CAREM”, un proyecto de avanzada que contaba con un avance de obra del 64%.
Además de la seguridad y la soberanía energética, el argumento en contra de la privatización se sustenta también en que Nucleoeléctrica no es una empresa deficitaria, sino todo lo contrario: la empresa tiene un superávit de $17.234 millones, y prevé que al terminar el año el balance financiero favorable escale a $23.389 millones.
