Olavarría | Ante el parate de la obra pública por parte de Nación, concejales de LLA quieren que sean el Municipio y la Provincia quienes asuman estos trabajos junto a privados

«La decisión del Presidente de poner un freno a la obra pública no implica que ésta no pueda llevarse a cabo por los gobernadores y los intendentes», manifiestan los ediles Paola Odello y Oliver Gamondi en el proyecto de ordenanza presentado, que apunta a desmarcar las responsabilidades del Gobierno nacional en el fuerte impacto que sufre el distrito cementero y que, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo bonaerense, se traduce “en más de 1.000 despidos” sólo en Olavarría.

El Gobierno de Javier Milei paró en seco la obra pública prácticamente el todo el territorio nacional. Esto afectó a economías regionales en todo el país pero, en la Séptima Sección Electoral, Saladillo quedó en emergencia sanitaria tras la paralización de la obra de su Planta de Cloacas. Sin embargo, es Olavarría el distrito que lo está sintiendo como un terremoto que destruye las fuentes laborales de un lugar históricamente dedicado a la minería y la construcción.

Como respuesta, Paola Odello y Oliver Gamondi, concejales del partido mileísta, presentaron un proyecto que sigue los lineamientos marcados en el reciente posteo de su referente Guillermo Lascano (quien coordina LLA a nivel local junto a Celeste Arouxet, que a su vez ya recibió reclamos por parte de los trabajadores despedidos) en el cual proponía que Olavarría desarrolle un modelo de obra pública bajo la modalidad Participación Público-Privada. Esta experiencia, que ya fracasó estruendosamente cuando quiso imponerla el entonces Presidente Mauricio Macri -¿dónde está la tan esperada Autovía 3, anunciada con bombos y platillos?-, está siendo impulsada orgánicamente por los libertarios desde hace unos días en la misma Olavarría.

«La paralización de la obra pública tiene consecuencias inmediatas en nuestra sociedad, porque es generadora de importantes fuentes de trabajo, directa e indirecta», admitieron en su presentación Gamondi y Odello, que además buscaron tirarle el fardo a la Provincia y el Municipio diciendo que «la decisión del Presidente de poner un freno a la obra pública no implica que ésta no pueda llevarse a cabo por los gobernadores y los intendentes. Evidentemente, la decisión de paralizar la obra pública es avalada, también, por ellos, ya que la provincia de Buenos Aires cuenta con rutas, puentes, paso – niveles, etc.; como así también, cada una de las intendencias de los respectivos municipios. En nuestro caso, Olavarría cuenta con una amplia red vial, caminos rurales, barrios, calles, escuelas, entre otros».

La estrategia oficial es desentenderse totalmente de obra pública, y que sea el sector privado quien la absorba por medio de convenios con el Municipio y/o la Provincia. Suena atractivo, pero ¿y si esos proyectos no son tan rentables como parecen? Es ahí donde entra el Estado, cuya función es privilegiar el bienestar general por sobre el rédito económico de unos pocos.

Más allá de los bonitos enunciados, han habido sobradas muestras de que tanto las gestiones mileístas como las macristas conciben al Estado no como una entidad que vela por los ciudadanos sino como una fuente de ingresos para llevar adelante sus propios negocios privados. Llegaron a gobernar prometiendo «terminar con la casta», aunque nunca estuvo esa «casta» mejor representada que por el actual Gobierno nacional y sus acólitos. Ejemplos hay de sobra.

“La dirigencia política tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para que las pymes puedan sostener las fuentes de trabajo, generando condiciones para que sea el propio sector privado el impulsor de tal transformación”, señala el proyecto de LLA, desconociendo olímpicamente cuando les conviene su rol de dirigencia política, y sobre todo el de3l Gobierno nacional, al cual representan localmente.

Las participaciones público-privadas (PPP) fueron impuestas como una forma de aliviar la carga fiscal y acelerar proyectos. Si bien el Gobierno nacional quiere ir en esa dirección -arrastrando en su carrera a las provincias y los municipios-, las PPP no son una solución mágica: si bien pueden ayudar a movilizar recursos sin comprometer, en principio, al Estado, también exponen al país (o a la Provincia, o al Municipio) a serios riesgos si no se seleccionan cuidadosamente los proyectos. Nuevamente: sobreabundan los ejemplos.

Un dato que desde La Libertad Avanza eligen omitir: no alcanza con “dejar que los privados hagan su magia”. Es necesario asegurarse de que las obras financiadas sean viables -esto es, que generen beneficios reales a mediano plazo- y que al final no sea el Estado el que termine pagando los platos rotos. Como viene sucediendo hasta ahora.

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