En la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tuvo lugar hoy la quinta audiencia entre el Ejecutivo municipal y los sindicatos locales, en el marco del conflicto generado por la implementación del decreto que declara la emergencia económica, financiera y administrativa en el Municipio. Como en las audiencias previas, no se alcanzó ningún acuerdo, ya que todas las partes se mantuvieron inamovibles en sus posturas. Por este motivo, desde la cartera laboral se decidió dictaminar un período de conciliación obligatoria de 15 días hábiles. Por último, se convocó a las partes a una audiencia de conciliación el próximo 1 de octubre a las 12 horas con la finalidad de promover el diálogo y llegar a una solución que garantice la paz social y mejore el ambiente de las relaciones laborales.
Esta resolución del Ministerio suspende y deja sin efecto las medidas de fuerza que los tres gremios con representación municipal (STMA, SOEMPA y ATE) venían llevando adelante, que comprendían el paro total y que alcanzarían su pico mañana por la mañana con la marcha convocada por el STMA a través de su Secretario General Luciano Varela, quien adelantó que la movilización contaría con el apoyo de Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) y de otras organizaciones sindicales de la provincia. La disposición también advierte sobre posibles sanciones en caso de incumplimiento, según lo establecido en la Ley 25.212, que contempla sanciones a los representantes legales y sindicales que no acaten la normativa.
«Evidentemente estamos ante una crisis bastante importante en donde la lucha de los trabajadores, las medidas de fuerza y la pelea va a ser casi una cuestión diaria, porque estamos discutiendo el problema con diferentes soluciones: nosotros creemos que los trabajadores no tienen que pagar esto que quebró en 24 horas y el Intendente piensa que sí», refirió el titular del STMA, la agrupación gremial municipal que más afiliados cuenta en Azul.
El pasado viernes, el STMA recibió un revés judicial cuando la Justicia no hizo lugar al amparo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul contra el Decreto N°1614, que establece un régimen de emergencia económica y administrativa en Azul y, entre otras medidas, pone un tope de 40 horas al régimen laboral de los trabajadores comunales por un lapso de 6 meses. Desde el STMA y los otros gremios con representación en el Municipio azuleño, SOEMPA y ATE, entienden que esta medida perjudica los haberes de los empleados municipales y la calificaron de “ilegal”. Por su parte, el Municipio de Azul, representado por el abogado Roberto Dávila, respondió a la demanda, alegando que el decreto se enmarca en una crisis económica que afecta la prestación de servicios y el mantenimiento del personal.
Por su parte, desde el Ejecutivo defendieron y explicaron en reiteradas oportunidades las medidas tomadas como necesarias y temporales, destacando que la reducción de la jornada laboral (una entre tantas otras medidas de austeridad del Decreto de emergencia, entre las que se cuentan la reducción del 30% de sueldo del Intendente y del 15% en la planta política) no busca otra cosa que achicar gastos y es el último recurso para evitar los despidos de trabajadores municipales.
