Pruebas de EE.UU. desmienten a Espert sobre su relación con el narco Fred Machado

La defensa del diputado y alfil del Gobierno de Javier Milei, José Luis Espert, hace agua tras su descargo público en video, publicado al filo de la medianoche de ayer. La Justicia de Estados Unidos aportó pruebas que desmienten la versión del legislador sobre el origen de los 200 mil dólares que cobró del narcotraficante Fred Machado, lo que agravó las sospechas sobre su conducta y expuso una serie de mentiras y omisiones en su relación con el condenado.

En su video de descargo de seis minutos, Espert intentó justificar la transferencia asegurando que Machado requirió sus «servicios como economista» para una «minera vinculada a él». Incluso mencionó específicamente a un tal Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala.

Sin embargo, los datos revelaron dos grandes inconsistencias. Primero, que esa firma, Minas del Pueblo, está señalada por la justicia de Texas como parte de la estructura delictiva que Machado habría utilizado para maniobras de lavado de dinero y estafas, además de haber sido acusada de minería ilegal en Guatemala. Segundo, y más grave aún, la transferencia de los 200 mil dólares no provino de dicha minera.

Según publicó Hugo Alconada Mon, el pago fue realizado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc, una empresa aeronáutica propiedad de Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, actualmente presa en Estados Unidos. Este dato figura en la contabilidad que el Bank of America aportó a la Justicia estadounidense, que demostró el circuito del dinero hasta la cuenta de Espert, sin que la firma Minas del Pueblo figurara en ningún momento.

El descargo de Espert no solo dejó dudas sobre el origen del dinero, sino que confirmó que el Diputado mintió durante cinco años respecto a su vínculo con Machado. Espert había sostenido previamente que conoció al «empresario» circunstancialmente en campaña, limitando su contacto a un único préstamo de un avión para un viaje a Viedma.

Sin embargo, en su descargo de anoche contradijo esa versión al admitir que lo asesoró profesionalmente. Más aún, la Justicia federal argentina, a través de una causa que lleva adelante el juez Martínez De Giorgi, confirmó que los viajes no fueron únicos: consta que Espert usó la aeronave de Machado unas 35 veces y al menos cinco veces compartió vuelo con él.

El legislador habría mentido incluso ante la Justicia. En marzo pasado, en un escrito judicial a Martínez De Giorgi, insistió en que su vínculo con Machado fue «circunstancial» y que únicamente compartieron el viaje a Viedma, asegurando que «con posterioridad no tuve más trato con esta persona».

El descargo dejó otras omisiones significativas, como la falta de presentación del contrato de asesoría con la minera, una constancia de liquidación de exportación de servicios –obligatoria al ingresar los dólares al país– y la ausencia de su cuenta en el exterior en la declaración jurada de Espert como Diputado.

La trama no se agota en Espert. El otro actor central es la Corte Suprema, que desde hace casi cuatro años mantiene congelada la extradición de Machado a los Estados Unidos, donde lo esperan para juzgarlo por tráfico de cocaína, estafa y lavado de activos.

En lugar de acelerar el proceso, el máximo tribunal argentino lo retrotrajo, generando un manto de dudas y complicidad o negligencia. Machado no es un detenido cualquiera: es un hombre con enormes recursos económicos que permanece con prisión domiciliaria en una residencia de lujo en las afueras de Viedma. Sus vínculos con el oficialismo son innegables: comparte abogado con el mismo Presidente Javier Milei en otra causa. Se trata de Francisco Oneto, quien además fue candidato a Vicegobernador bonaerense con el apoyo del mismo Espert.

Cuando la Justicia se vuelve permeable a este tipo de intereses, la sospecha más elemental es corrupción y vinculación política con el crimen organizado.

Por otra parte, si pese al escándalo Espert logra presentarse a elecciones y volver a ocupar una banca en el Congreso, seguirá contando con los fueros parlamentarios que impedirían su encarcelamiento inmediato. Ese privilegio, tan señalado en tiempos del macrismo cuando los acusados eran dirigentes peronistas, hoy parece diluirse tanto en el razonamiento político oficialista como en la cobertura mediática hegemónica.

La vara con la que se mide la indignación pública vuelve a ser selectiva. Una «República» que naturaliza estas escenas termina repitiendo siempre un relato que nunca cierra. Lo más grave es que parece no estar diseñado para cerrar, sino apenas para surfear las aguas turbulentas de cara a la campaña electoral.

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