Los senadores Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Neuquén), junto a Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Río Negro), cuestionaron el llamado a licitación que busca la venta del 100% del paquete accionario de las empresas que explotan las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Estas cuatro represas suman una potencia que, según el informe, equivale a 1,3 veces Yacyretá y 2,4 veces Salto Grande. A diferencia de estas últimas, las del Comahue están totalmente instaladas sobre cursos de agua nacionales.
Los legisladores denunciaron que el proceso de venta de estas empresas públicas (que hasta el decreto 590 de agosto pasado pertenecían mayoritariamente a Enarsa y Nucleoeléctrica) omitió la obligación de requerir una tasación previa al Tribunal Nacional de Tasación. Además, excluyó del proceso a las provincias, que, según la Constitución Nacional, son las dueñas de los recursos naturales.
La denuncia también señala que las empresas privadas a cargo de la explotación desde 1993 “obtuvieron ganancias extraordinarias” sin realizar reinversiones en mantenimiento ni mejoras al sistema eléctrico nacional, con el agravante de haber enviado las ganancias al exterior.
Propuesta alternativa y advertencia
Según reportó Letra P, los senadores patagónicos proponen un esquema mixto como alternativa: que el 50% del capital de las compañías quede en manos privadas y el otro 50% en poder de las provincias. Además, reclamaron que cualquier licitación incluya la obligación de destinar la mitad de las utilidades a nuevas obras hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro.
La oposición advirtió que el modelo planteado por el Gobierno nacional “agrava la situación” porque no contempla compromisos de inversión a futuro. “El Estado debe garantizar que la explotación de los recursos hídricos genere beneficios sostenibles y no sólo ganancias para un puñado de empresas”, apuntaron.
Críticas de especialistas y costos para el país
El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) emitió un documento crítico antes de la presentación judicial, donde destacó que “es deber de la Constitución proteger al estado”.
El IESO calcula que el costo de generación de estas centrales “se halla muy por debajo de los 3.5 U$/MWh” y podría significar para Argentina “una tarifa eléctrica competitiva” que posibilitaría una salida de la recesión. El instituto advirtió que, de no contemplarse, este beneficio terminará concentrado en un puñado de empresas.
Además, el documento señala que la venta de acciones no involucra el entorno ambiental ni la necesidad de un sistema de gestión integral del agua para riego y prevenciones ante el cambio climático. Advierten que la mirada actual es de “aprovecharla sin mayores controles para los procesos de fracking de Vaca Muerta”.
El IESO reclamó un análisis de ingresos y egresos de las centrales, ya que representan una renta anual de cerca de 100 millones de dólares para el Estado argentino.
Finalmente, el Instituto advirtió a los empresarios que participen en la licitación que “un nuevo gobierno nacional no les reconocerá sus derechos a esas concesiones, las que serán declaradas nulas” por haber sido procesadas en contradicción con las normas legales y constitucionales.
