Sigue la furia en el campo con el Gobierno de Milei por el negociado que benefició a las cerealeras, quienes se quedaron con las ganancias de las retenciones cero aun sin tener los granos que declararon. Ahora, el sector ruralista presiona para que se aplique la Ley Martínez Raymonda, una norma que habilitaría a cobrarles a las agroexportadoras las alícuotas que se eliminaron por tres días.
La bronca escaló cuando el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, reconoció que las cerealeras no tenían la totalidad de los granos correspondientes a las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) presentadas. Pazo, casi cometiendo un furcio, les recomendó a los productores que ahora “especulen”.
“Los productores están teniendo un beneficio de esta medida, se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, no vendan, defiendan el producto. Las exportadoras van a tener que comp… cumplir con sus compromisos de venta así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen”, declaró.
Apenas concretada la maniobra, empezó a circular la idea de aplicar la Ley 26.351, conocida también como Ley Martínez Raymonda, que obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo. Esta ley, aprobada en 2007, busca evitar que las agroexportadoras declaren ventas sin tener comprado el grano ante una inminente suba de las retenciones y prevé sanciones en caso de incumplimiento.
Diputados de la oposición, como Rodrigo de Loredo y Esteban Paulón —quien pidió citar a Pazo—, se hicieron eco de esta norma. Fuentes del sector rural confirmaron que el tema está en análisis en las entidades que integran la Mesa de Enlace, donde estudian si es factible pedir al Gobierno que aplique la ley y “castigue a las exportadoras” para intentar calmar la presión de las bases.
La presión trascendió las entidades gremiales y se busca también una vía judicial. Se supo que ya hay una denuncia, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acusa una “connivencia” entre Milei, Caputo y las cerealeras. En el escrito se menciona que los funcionarios podrían ser acusados de incumplimiento a los deberes de funcionario público por no aplicar la ley Martínez Raymonda.
Por su parte, Gustavo Idígoras (presidente de CIARA/CEC) sostuvo que la Ley 26.531 no es aplicable porque “no existe un cambio formal de alíquotas, solo suspensión temporal”. Sin embargo, fuentes del campo admitieron que si bien la norma apunta a subas de alícuotas, el “evidente beneficio” de las cerealeras podría interpretarse como una maniobra que afecta al “espíritu de la ley”. Las mismas fuentes agregaron que, si bien es una norma compleja y judicializada, “hubo mala praxis y negociados”.
