La sesión del Concejo Deliberante generó un encendido debate que marcó las diferencias políticas entre los ediles en torno al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mansilla criticó duramente la decisión del Ejecutivo nacional de suspender la aplicación de la norma “porque dice que no le indicaron de dónde sacar los recursos”. Mansilla aseguró que la ley buscaba “actualizar los nomencladores para que los prestadores de servicio sigan prestando servicio” y sentenció: “Si tenemos que hacer el ajuste en discapacidad estamos haciendo las cosas mal”.
Por su parte, el mileísta Flavio De Marco adelantó su voto negativo y defendió la necesidad de “responsabilidad fiscal” asegurando que “no estamos en contra de la persona con discapacidad”, pero subrayando que “tiene que haber un orden y realmente tiene que haber el dinero para los jubilados, para los discapacitados, para las universidades”.
Desde el peronismo, la concejala Daniela Roldán puso el foco en la situación crítica de los acompañantes terapéuticos, señalando que “tienen congelado lo que perciben desde diciembre de 2023”. Roldán destacó que esto significa afectar “un derecho elemental de personas con discapacidad” a causa de la “devaluación insoportable que hubo en ese diciembre”.
Por su parte, Mónica Ochoa, de Unión por la Patria, también cuestionó al oficialismo nacional y vinculó la suspensión de la ley con el rumbo general del Gobierno: “Si luchar por la independencia económica, por la justicia social y por la soberanía política es hacer desorden… como dijo el Papa, hagan lío, hagamos lío”.
Finalmente, la resolución se aprobó por 14 votos a favor y con el único rechazo de De Marco por la Libertad Avanza.
