A medida que pasan las horas, aumentan las proporciones del escándalo por el desenlace del plan de reducir a cero las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y derivados. Los únicos beneficiarios de la medida fueron las grandes cerealeras que venden al exterior, mientras que los productores, especialmente los chicos y medianos, quedaron marginados.
Poco más de 30 firmas registraron un total de 19.591.831 toneladas de granos en las apenas 72 horas que duró el decreto 682/2025. Con ese impulso, sumaron registraciones de granos para exportar por un valor de 7.000 millones de dólares, alcanzando el tope fijado por el Gobierno.
La ganancia extraordinaria de las cerealeras se debió a una doble transferencia de ingresos: primero, de los productores, a quienes adquirieron (o adquirirán) la mercadería descontando el porcentaje de las retenciones; y segundo, del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, que cedió los 1.700 millones de dólares correspondientes a la aplicación de las retenciones, dinero que formaba parte de los ingresos fiscales.
Esta verdadera estafa fue posible porque el mecanismo de comercialización permite a las cerealeras registrar exportaciones sin haber comprado el grano al productor. Dado que el beneficio ya cerró, al momento de adquirir el grano que aún no tienen, aplicarán el descuento de la retención porque el precio pleno ya lo embolsaron. El truco no incluyó solo el grano que ya estaba en depósitos, sino también el que aún no compraron.
De hecho, entre el lunes y el miércoles pasado, las cerealeras también compraron granos a los productores, pero pagaron entre un 10% y un 20% por debajo del precio teórico que surgía de la cotización. La gran mayoría de los registros de la próxima cosecha se concretaron el mismo miércoles a la tarde, justo antes de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cerrara el régimen a las 21.
La movida estuvo altamente concentrada: siete cerealeras registraron 17 millones de toneladas, acaparando el 86% del total. La principal beneficiaria fue Louis Dreyfus Company (LDC Argentina), seguida por Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza (AGD), Cofco, Molinos Agro y Viterra. Además, se confirmó que más o menos la mitad del peso en toneladas registrado está compuesto por derivados como el aceite de soja y los pallets o harinas.
El Gobierno armó el negociado con las cerealeras a cambio de que esos 7.000 millones de dólares le ingresaran en forma inmediata a las reservas del Banco Central. El decreto estipuló que las agroexportadoras tenían un plazo de 3 días para liquidar esos dólares. Todo esto sucedió sin que se haya movido un solo grano de los silobolsas o acopios, ya que las exportaciones físicas aún no se hicieron.
