En un lapso de apenas tres días, un conjunto de grandes cerealeras —incluyendo a Bunge-Viterra, Cargill y Molinos Río de la Plata— declaró futuras exportaciones con retenciones cero por un valor de 7.012 millones de dólares. Esta acción generó una ganancia neta de 1.500 millones de dólares para las compañías.
El dirigente rural Pedro Peretti y el dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano afirmaron que esta maniobra fue una “estafa pergeñada” y un “pacto” directo entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC). Peretti señaló que el beneficio había sido concertado con el propio Gobierno.
La consecuencia de la medida fue doble: el fisco perdió recaudación, y los pequeños y medianos productores quedaron marginados, ya que las cerealeras les descontaron el valor de las retenciones al momento de comprar el grano. Dirigentes como Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, criticaron el esquema que solo benefició a los grandes acopiadores.
Ante el riesgo de que los productores decidieran abroquelarse y no vender, las exportadoras amenazaron con la triangulación de operaciones desde Paraguay y Brasil, un esquema que benefició a las mismas grandes empresas.
