El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió por decreto el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en las circunscripciones rurales de Bolívar, Tapalqué, 9 de Julio y Carlos Casares, tras evaluar que las explotaciones continúan seriamente afectadas por el exceso hídrico. La medida, publicada el martes en el Boletín Oficial bajo el decreto 2452/25, tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026 y comprende las siguientes zonas:
- Bolívar: circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
- Tapalqué: circunscripción VIII.
- 9 de Julio: circunscripciones II a XV.
- Carlos Casares: circunscripciones II a XI.
Estos sectores están entre los más afectados por el exceso hídrico que persiste desde principios de año, según los informes de las agrupaciones rurales. De acuerdo con el último reporte de Carbap, 9 de Julio tenía hasta el 11 de septiembre unas 162.000 hectáreas bajo el agua (de las más de 400.000 que posee el partido), mientras que Bolívar suma 140.000 hectáreas bajo el agua (de sus 500.000 ha totales). Por su parte, Carlos Casares muestra 114.000 hectáreas con exceso hídrico, lo que representa el 46% de la superficie total del distrito.
Los productores alcanzados por la emergencia deberán presentar declaraciones juradas ante el Ministerio de Desarrollo Agrario dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto. A partir de allí, podrán acceder a los beneficios previstos por la ley 10.390, que incluyen: exenciones o prórrogas en el pago del impuesto inmobiliario rural, acceso a créditos blandos a través del Banco Provincia y suspensión de ejecuciones fiscales. La distinción entre emergencia (50% a 80% de daños) y desastre (más del 80%) determinará el grado de los beneficios, como la exención total del impuesto en el segundo caso.
Finalmente, el decreto establece que se dará intervención a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para los beneficios tributarios y al Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) para los crediticios. La decisión de prórroga se adoptó luego de los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y la recomendación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario.
