Entre los ejes centrales de la legislación figuraron la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales.
El Decreto 681/2025 destacó que la insistencia del Congreso con dos tercios en ambas cámaras obligó al Ejecutivo a promulgar la ley. No obstante, indicó que su aplicación solo sería posible una vez que se aprobaran las partidas en el Presupuesto nacional. Se estimó que la creación de la nueva pensión implicaría un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representó el 0,47 % del PBI.
A esto se sumó el costo para el “Programa Incluir Salud” con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calculó en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, la implementación de la ley demandó un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
La respuesta del Gobierno nacional fue que el Congreso de la Nación “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponían para el Estado. El texto oficial subrayó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no contaba con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, la suma sería insuficiente. “Para cumplir con la ejecución de la Ley N°27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señaló el texto.
