La presentación judicial se apoya en una sanción disciplinaria aplicada a Díaz mediante el Decreto N°1556/25. Según se desprende de ese acto administrativo, el dirigente habría incumplido obligaciones y deberes previstos en la Ley 14.656, que regula las relaciones laborales en el empleo municipal. La gestión municipal sumó además como antecedente una denuncia formulada en 2024 por la doctora Silvia de la Torre en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría, vinculada a un presunto hecho de violencia de género.
De prosperar la demanda, Díaz perdería la protección especial que lo ampara frente a despidos y sanciones sin autorización judicial previa, lo que abriría la puerta a medidas disciplinarias más severas, incluso la cesantía. El Tribunal de Trabajo será el encargado de evaluar la procedencia de la exclusión y garantizará que el dirigente pueda ejercer su derecho de defensa, presentar descargos y pruebas.
En el plano político y sindical, la movida del Ejecutivo no pasa desapercibida. En el Municipio se interpreta como una señal de endurecimiento frente al gremio, muy crítico de las políticas comunales. Dirigentes gremiales consultados anticipan que, de avanzar la causa, podrían realizar medidas de fuerza en respaldo de Díaz y en defensa de la tutela sindical como principio.
El conflicto podría escalar en las próximas semanas, cuando comiencen a definirse las primeras audiencias y el Tribunal de Trabajo fije el cronograma del proceso. La resolución será seguida de cerca no sólo por el STMO, sino también por otros gremios y sectores políticos locales, atentos a un caso que podría sentar precedente sobre el alcance de la protección sindical frente a sanciones disciplinarias graves.
