La Comisión investigará la totalidad de los casos confirmados, probables y sospechosos, desglosados por fecha de síntomas, jurisdicción, institución y estado clínico. Su objetivo es establecer la cronología de la detección del brote e identificar notificaciones y protocolos implementados desde el Ministerio de Salud y la ANMAT. La indagación también se extiende a revisar la habilitación y funcionamiento de laboratorios clave, en especial HLB Pharma y Ramallo S.A., así como analizar la efectividad del sistema nacional de trazabilidad de medicamentos controlados.
La Comisión está integrada por 31 miembros a propuesta de los distintos bloques y estará en funciones hasta el 9 de diciembre de 2025. Entre sus atribuciones, el cuerpo puede requerir informes y documentación a entidades públicas y privadas, solicitar peritajes a universidades e instituciones científicas y convocar a funcionarios y terceros a aportar información, protegiendo la identidad de los testigos si es necesario.
Además, puede recurrir al Poder Judicial para exigir informes, denunciar hechos y promover la remoción de funcionarios por delitos o mal desempeño. El proyecto final, impulsado por la diputada del PRO Silvana Myriam Giudici, aclara que la Comisión no podrá librar órdenes de allanamientos o secuestro de documentación, como había pretendido la diputada de Fuerza Patria Victoria Tolosa Paz, sino que deberá solicitar dichas órdenes al juzgado competente.
En el expediente, se señala que la cadena de custodia de los medicamentos y la insuficiencia del sistema de trazabilidad nacional permitieron la circulación de fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados.
La investigación apunta a confeccionar un mapa de posibles omisiones o acciones deliberadas en organismos de control y a determinar si hubo obstrucción de la justicia o participación de redes ilegales. La causa de la crisis sanitaria es investigada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien tiene 17 imputados y seis de ellos detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group SA. El Observatorio de Víctimas de Delitos cumplirá un rol asesor permanente.
Según los fundamentos, la comercialización de fármacos contaminados representa un “atentado contra el derecho a la salud, la vida y la integridad física de las personas”. Por ello, el documento parlamentario sostiene que “es imperativo que el Congreso asuma el liderazgo en la investigación parlamentaria, no solo para identificar fallas pasadas, sino para sentar las bases de un sistema de monitoreo ágil, transparente y orientado a la prevención”. Todas las actuaciones de la Comisión serán transparentes y se transmitirán públicamente, salvo en los casos que la protección de testigos lo requiera.
