En ese marco, la Justicia ordenó múltiples operativos, incluyendo uno en un banco donde Spagnuolo tenía una caja de seguridad con 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar. Paralelamente, el fiscal Franco Picardi avanza en el análisis de más de 600 contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, colabora activamente en la tarea.
Otro elemento clave en la investigación fue la declaración testimonial del consultor en comunicación Fernando Cerimedo, quien habría relatado con detalle la dinámica de un sistema de recaudación ilegal.
Mientras la causa avanza, Spagnuolo sigue sin defensa técnica luego de la renuncia de sus abogados. En un escrito, los letrados alegaron “motivos personales”, aunque una fuente cercana al caso lo sintetizó con crudeza: “Sin confianza no se puede trabajar”. Este vacío alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de que el ex funcionario se acoja a la figura del “imputado colaborador”, más conocido como “arrepentido”.
Se espera una definición sobre el pedido de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Kovalivker y sus hijos, quienes sostienen que los audios fueron obtenidos de manera ilegal. La fiscalía deberá expedirse en breve, mientras las pruebas que surgen de allanamientos y testimonios seguirán bajo evaluación.
