Para dimensionar los costos, Adorni explicó que “el monto anual de la ley de financiamiento universitario es del diferencial de 1.9 billones de pesos”. A partir de ese número, planteó un despliegue de comparaciones que fueron descritas como un juego de humor absurdo. Entre las opciones, propuso que “deberíamos, por ejemplo, suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses”. El vocero repitió esta idea, como si “trabajar gratis fuera la única vía”. También mencionó la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 21 al 24% por 45 días.
Continuando con sus propuestas, Adorni aseguró que el costo de las leyes “equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses para poder financiar la ley o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses”. Incluso, fue más allá al señalar que también se podría suspender el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años o suspender el total de los subsidios al transporte por un año y 6 meses.
El discurso de Adorni se centró en propuestas que recaen sobre la población más vulnerable y el ciudadano común. El vocero presidencial nunca mencionó la creación de impuestos a la riqueza ni revisiones sobre sectores que podrían aportar grandes sumas, como la minería o las grandes empresas. Tampoco habló de la eliminación de beneficios fiscales que el Estado ya otorgó a grandes empresarios como Marcos Galperín, ni de salarios de miembros del Poder Ejecutivo, ni de su propia “granja de trolls” pagados con dinero de los contribuyentes.
Lo que pudo haber sido una explicación técnica, se convirtió en un catálogo de escenarios irrealizables, con frases absurdas que buscaban asustar al ciudadano común. Mientras Diputados ya ratificó las leyes con más de dos tercios de los votos, Adorni eligió plantear un país donde educar a la población y cuidar a los niños enfermos solo sería posible si los ciudadanos aceptaran pagar más, perder subsidios o vivir con recortes en los programas sociales.