La norma había sido promovida por gobernadores de distintas provincias con el objetivo de garantizar previsibilidad en el flujo de estos recursos y evitar que su reparto se utilizara con fines políticos. S9in embargo, el decreto presidencial busca justificarse argumentando que los ATN constituyen “un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional” por parte del Poder Ejecutivo, destinado a asistir a provincias y municipios en situaciones de emergencia o desequilibrio financiero, y su automatización comprometería el equilibrio fiscal.
Milei sostiene que estos fondos deben mantenerse como un complemento al régimen automático de coparticipación y que solo se utilizan en casos excepcionales, como emergencias hídricas, económicas, climáticas o alimentarias, lo que refuerza la línea de ajuste y recorte de recursos hacia las jurisdicciones provinciales.
Los ATN representan el 1% de la masa coparticipable de impuestos federales y, a diferencia de la coparticipación, su reparto no es automático. En lo que va de 2024, apenas se ejecutó el 7% de los ATN disponibles, y varias jurisdicciones, entre ellas CABA y Córdoba, no recibieron ninguna transferencia. En Buenos Aires, mientras tanto, el Gobierno de Axel Kicillof denunció que Milei le debe a la Provincia más 12 billones de pesos, y tras muchos reclamos formales que no fueron atendidos terminó por llevar su demanda a la Justicia.
La ley vetada buscaba que los fondos llegaran de manera automática a todas las provincias y municipios, evitando que el Ejecutivo nacional decidiera discrecionalmente a quién enviarlos. Como señaló este último en el propio decreto, “la naturaleza de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional difiere sustancialmente de la masa coparticipable de distribución automática … en tanto constituye un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Lo curioso es que el veto de Milei se produjo horas después de recibir a gobernadores que impulsaron la norma, y con él bloquea formalmente la iniciativa aprobada por el Congreso, enviando ahora el texto al Senado, donde podría intentarse revocar mediante una nueva votación.
La medida genera tensión con los gobiernos provinciales, que reclaman mayor certeza en el reparto de recursos, y se suma a otras decisiones recientes del Ejecutivo que evidencian una política de recortes sostenida, como el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, interpretadas por algunos como un ajuste profundo en distintos sectores.
En definitiva, la decisión del Presidente Milei mantiene en manos del Ejecutivo la facultad exclusiva de decidir a qué provincias y municipios se envían los ATN y en qué momento, mientras que la ley vetada buscaba automatizar su reparto, asegurando que todos los distritos recibieran los fondos de manera equitativa.
La sanción de la norma por el Congreso a fines de agosto y el veto de ayer muestran el conflicto central entre gobernadores que demandan previsibilidad y el Ejecutivo nacional, que prioriza su política de recortes y mantiene discrecionalidad sobre los recursos, profundizando la tensión entre Nación y provincias.
