El Gobierno nacional anunció esta semana la re-creación del Ministerio del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, como gesto de apertura hacia las provincias y de cara a un acuerdo político que le permita recomponer su relación con el Congreso antes de las elecciones de octubre. Pero, en paralelo, el Presidente firmó dos vetos totales que golpean de lleno en áreas sensibles: la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N°27.796 y la Ley de Financiamiento Universitario, que habían sido sancionadas por amplias mayorías parlamentarias.
Pero no se trata de restricciones presupuestarias sino de una decisión ideológica. Tal como lo advirtió diputado nacional Itai Hagman, “va a decir que ‘no hay plata’, pero no es por motivos presupuestarios, es por dogmatismo. Lo que le regalaron a los más ricos de los ricos bajando Bienes Personales es 33 veces más que lo que cuesta recomponer los ingresos del Garrahan y las residencias nacionales”.
Veto a la Emergencia en Pediatría
El Decreto 651/2025, publicado este jueves, rechaza en su totalidad la ley que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica. El proyecto buscaba recomponer salarios del personal pediátrico y residentes, eximir del impuesto a las Ganancias guardias y horas extras, y garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
En los fundamentos, el Ejecutivo argumenta que la ley contenía “mandatos abiertos” y carecía de parámetros verificables, que generaba un “fuerte impacto presupuestario” y que desfinanciaría programas estratégicos como vacunación, VIH, tuberculosis, medicamentos esenciales y tratamientos oncológicos. También cuestiona que el beneficio fuera exclusivo para el sector pediátrico, advirtiendo que podía tensionar las cuentas provinciales porque alcanzaría a 1.195 residentes cofinanciados entre Nación y provincias.
Para la oposición, estas justificaciones son un pretexto: el costo total de la norma es de unos $115.000 millones, una cifra marginal en comparación con el beneficio fiscal que el mismo gobierno otorgó a los sectores más ricos reduciendo las alícuotas de Bienes Personales. “Es un dogma: prefieren sacrificar hospitales y residencias antes que revisar un regalo multimillonario a los más privilegiados”, apuntaron desde Fuerza Patria.
Paro y Marcha Federal Universitaria
Un día antes, el Ejecutivo había publicado el Decreto 647/2025, que vetó la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el 21 de agosto. La norma buscaba asegurar el financiamiento sostenido de las universidades públicas en todo el país, estableciendo mecanismos de actualización automática y partidas específicas para becas, investigación y extensión.
El rechazo encendió la reacción del sistema universitario: la CONADU convocó a un paro nacional de 24 horas y a una Marcha Federal para mañana viernes 12 de septiembre, en coincidencia con la sesión parlamentaria en la que se intentará revertir el veto. Para los gremios, el Gobierno desfinancia las universidades con el objetivo de atacar a uno de los motores de inclusión social y desarrollo científico del país.
Emergencia en discapacidad: sin judicialización
El conflicto se suma al de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto ya fue revertido por el Congreso con dos tercios de ambas cámaras, algo que no ocurría desde hace veinte años. Pese a eso, el Ejecutivo aún no reglamentó la norma y en Casa Rosada deslizan que podría aplicarse parcialmente, amparándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige definir la fuente de financiamiento para cualquier gasto que no esté en el Presupuesto.
“Si es de imposible aplicación, es de imposible aplicación. No importan las amenazas del Poder Legislativo. Que vayan y lo echen a Guillermo Francos”, desafió un funcionario en la Rosada, en respuesta a los reclamos del diputado Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, quien advirtió que la ley debería empezar a aplicarse esta misma semana.
El ajuste como norte sin importar las consecuencias
En medio de estos choques, Milei ratifica su decisión de no ceder: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico de equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI”. Para Fuerza Patria, esta es la prueba de que no se trata de números sino de un proyecto de país que privilegia la ortodoxia fiscal por encima de la garantización de derechos básicos.
El escenario hacia octubre se vuelve más áspero: Congreso, universidades, entidades sidicales y organizaciones de personas con discapacidad se alinean para forzar al Ejecutivo a aplicar leyes que ya fueron votadas. La mesa de diálogo que Milei promete con los gobernadores tendrá que resolver no solo los reclamos de fondos provinciales (como los Aportes del Tesoro Nacional, el gran reclamo de los gobernadores) sino también la creciente presión social por la agenda de salud y educación.
