En el inicio del debate, aliados mileístas habían cuestionado la investigación a cargo del juez Ernesto Kreplak, señalando falazmente los vínculos familiares con el Ministro de Salud bonaerense como un argumento para frenar el avance.
Sin embargo, el escenario judicial cambió: el Ministerio de Salud de la Nación perdió el carácter de querellante y ahora se investiga a funcionarios nacionales. En este marco, esta semana se realizaron allanamientos en oficinas de la ANMAT, otros organismos públicos y domicilios particulares de funcionarios.
El malestar de los familiares se expresó con dureza. En los últimos días denunciaron públicamente la falta de compromiso del Congreso y advirtieron sobre “maniobras dilatorias y un doble juego político por parte del oficialismo para bloquear cualquier avance”. Sus declaraciones generaron un ruido interno en el bloque libertario, lo que terminó abriendo la puerta a la convocatoria de Mayoraz.
La decisión del Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de girar el expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales fue interpretada como una jugada para congelar el debate en un ámbito que no suele tratar este tipo de cuestiones. Mientras tanto, la Comisión de Peticiones, presidida por Silvia Lospennato (PRO), ya se reunió y avanzó en la elaboración de dos pre-dictámenes que podrían fusionarse en un texto consensuado.
Aunque todavía no está asegurada la creación de la Comisión Investigadora, la presión social y política de los familiares debilitó los argumentos del mileísmo, expuso las maniobras dilatorias y forzó un cambio de escenario en Diputados.
