El Concejo Deliberante de 25 de Mayo dio dejó sin efecto dos de las medidas más controvertidas del Intendente Ramiro Egüen. En una sesión cargada de tensión política, el cuerpo derogó los decretos 852/2023 y 853/2023, que habían sido impulsados por Egüen y cuestionados por el interbloque peronista y terminaron recibiendo adhesiones puntuales de concejales de otros espacios.
Los decretos anulados no solo habían pasado inadvertidos por la falta de publicación en el SIBOM (Sistema de Boletines Oficiales Municipales), sino que además contenían disposiciones que generaron fuertes críticas: uno otorgaba un aumento del 100 % en los gastos de representación del Jafe Comunal, mientras que el otro autorizaba a Egüen a utilizar su vehículo particular como coche oficial, con cargo al erario público.
Para los concejales peronistas, se trató de un intento de beneficio personal y abuso de poder, adoptado en un contexto en el que el propio Intendente había declarado la emergencia económica y financiera del distrito. “No vamos a permitir que los recursos públicos se conviertan en caja personal de nadie. La política debe estar al servicio del pueblo, no de los negocios personales de un funcionario y su familia”, señalaron en el recinto al justificar la derogación.
«Con esta decisión, el Concejo puso un límite político y legal a la arrogancia y al abuso de poder de un Intendente que intentó enriquecerse mientras declaraba la emergencia económica y financiera en el distrito, mostrando un profundo desprecio por la situación de los vecinos y los trabajadores», expresaron los ediles del justicialismo.
La discusión incluyó dos propuestas –una intento del Interbloque Peronista y otra de LLA– de conformar una comisión investigadora, amparada en el reglamento interno del HCD, para analizar en detalle los decretos y sus consecuencias. Sin embargo, el Presidente del cuerpo, Javier de Marcos, bloqueó esa posibilidad al sostener que no se alcanzaban los dos tercios de votos requeridos por la Ley Orgánica de las Municipalidades, aunque la oposición reclamó lo contrario por considerar que era válida la aprobación por mayoría simple, tal como fue el resultado de la votación.
Como alternativa, durante un cuarto intermedio se resolvió remitir el caso al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno bonaerense, organismos que ahora deberán pronunciarse sobre la legalidad de los decretos y definir eventuales responsabilidades y sanciones.
La derogación de los decretos deja en claro que, pese a no tener mayoría propia, el interbloque peronista consiguió articular apoyos y marcarle un límite al intendente, abriendo un frente que ahora deberá dirimirse también en los organismos de control provincial.
