El Gobierno nacional reconoció en un documento oficial que jamás existió la auditoría de comedores comunitarios con la que se justificó el corte en la distribución de alimentos a millones de personas. La confirmación llegó en respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, quien denunció que el Ejecutivo mintió al Congreso y a la sociedad.
En mayo de 2024, el entonces Jefe de Gabinete Nicolás Posse había asegurado en el Congreso que “se hizo una auditoría” y que “casi el 50% de los comedores no existían”. Esa declaración fue acompañada por la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y por el propio presidente Javier Milei, que repitieron el argumento en distintos foros. Con ese discurso, el Gobierno frenó la entrega de alimentos, entre ellos millones de kilos de comida que quedaron guardados y a punto de vencerse en depósitos oficiales.
Sin embargo, en su respuesta oficial a la diputada Zaracho, el Ministerio de Capital Humano confirmó que hicieron “supervisiones y/o verificaciones territoriales” que “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En base a esto resolvieron, textualmente, “denegar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública interpuesta, en cuanto al ‘Informe de Auditoría’ al que se alude, ya que la misma resulta ser inexistente”. No hay auditoría. Es inexistente.
Zaracho había reclamado formalmente copia del informe el 16 de mayo de 2024, un día después de las declaraciones de Posse en el Congreso. Como el Gobierno se negó a entregarlo, judicializó el tema y obtuvo un fallo favorable que obligó a Capital Humano a responder.
El propio Posse, en la versión taquigráfica de su presentación, había asegurado: “Se hizo una auditoría casi el 50% de los comedores no existían, incluso en muchos casos presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor”. Pero el propio Ministerio reconoció que lo único que hubo fueron “supervisiones y verificaciones territoriales”, sin metodología de auditoría y sin relevamiento integral.
Desde las organizaciones sociales, el enojo es evidente. Voceros de La Poderosa denunciaron: “Lo que se auditó fue la lista de anotados, los formularios. No se auditaron los comedores de manera presencial, física. No fueron a ver si estaban o no”. Y agregaron: “Si vas ahora, después de dos años, posiblemente muchos no existan más porque se recortaron todos los alimentos que de algún modo llegaban”.
Juan Grabois, apuntado por el Gobierno por este tema, afirmó que “el Ministerio de Capital Humano ya tiene un 50% de comedores validados donde debería estar entregando alimentos y no lo hace”. Agregó que “al menos en un alto porcentaje, el 50% restante, llamados ‘no validados’, son producto de errores de los relevadores, dificultades en el acceso a los lugares –no es fácil encontrar un comedor en una villa–, comedores inscriptos en la pandemia dados correctamente de baja, comedores inscriptos en la pandemia que no funcionan más, comedores que no pueden funcionar precisamente porque el Ministerio cortó la entrega de alimentos”. Y explicó: “Otros comedores fueron ‘no validados’ por no contar con ‘infraestructura’. La ignorancia supina de los funcionarios implica el desconocimiento de que gran parte de estos comedores se realizan en casas de familia y la comida se entrega en tuppers”.
Ahora, más de un año después, el Gobierno reconoce que nunca existió la auditoría en la que basaron su ataque y demonización de los comedores comunitarios y sus referentes. Esta revelación desnuda que el Gobierno de Milei utilizó una auditoría inexistente como argumento para desacreditar a las organizaciones sociales y frenar la asistencia en los barrios populares. Más de un año después, la respuesta oficial confirma que la base de esa decisión fue, directamente, una mentira.
