La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que representa a unas 200 empresas del país y tiene como objetivo la defensa de la libertad de prensa y de expresión, expresó su firme rechazo a la reciente decisión judicial que prohíbe difundir audios vinculados a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia.
En un comunicado, ADEPA recordó que históricamente se ha opuesto a «todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información, especialmente cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional».
La entidad señaló que la medida adoptada por la Justicia Civil y Comercial Federal constituye «un nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa». Según ADEPA, este tipo de prohibiciones preventivas contraviene el artículo 14 de la Constitución Nacional y vulnera «el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden influir en la formación de la opinión pública».
Además, el comunicado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que, salvo en casos de protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida que limite preventivamente la circulación de información «constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión».
ADEPA subrayó que la publicación de información solo puede derivar en responsabilidades posteriores y que corresponde al Estado promover investigaciones y sanciones ante posibles delitos, sin recurrir a la censura previa. La asociación concluyó que la prohibición judicial en cuestión constituye «una restricción ilegítima» que amenaza el derecho de los ciudadanos a recibir información relevante sobre la gestión pública.
