Sanciones millonarias del Tribunal de Cuentas a los consejeros escolares Cupparo y Gauna

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó económicamente al actual vocal y ex presidente Pablo Cupparo y a José Ignacio Gauna, quien fuera tesorero hace dos años, por “responsabilidad directa y personal en el cumplimiento irregular de sus funciones” durante el ejercicio 2023 en el Consejo Escolar de Azul. La resolución estableció que ambos deben pagar de manera solidaria más de 60 millones de pesos en un plazo de 90 días.

La normativa del Tribunal deja en claro que “los funcionarios públicos son responsables del cumplimiento regular y legítimo de sus funciones y deben responder personalmente por cualquier irregularidad que cause perjuicio al erario público”. Esta frase enfatiza que la rendición de cuentas no es solo formalidad, sino una obligación directa de cada integrante del Consejo Escolar.

Entre las irregularidades detectadas, la resolución detalla que se produjo “repetición de trabajos de limpieza de tanques, reparación de cubiertas y canaletas, y servicios de desinfección en un mismo establecimiento educativo en un corto período de tiempo, sin constancia del requerimiento del establecimiento ni documentación que acredite la efectiva prestación del servicio”. Esta situación evidencia un control deficiente sobre los gastos y la ejecución de los servicios contratados, y abre la puerta a manejos irregulares.

Asimismo, el Tribunal advirtió que la secretaria del Consejo Escolar, Lucía Ayelén Alaimo, y el vicepresidente, Luciano Ernesto Giachetti, “no tuvieron acceso a la documentación necesaria para supervisar y custodiar la información, ya que esta era resguardada en la oficina del presidente, Pablo Cupparo”. Esta falta de transparencia impidió la supervisión interna y agravó la responsabilidad de Cupparo y Gauna.

Sobre la compra de calefactores por un monto superior a 10 millones de pesos, la resolución aclara que “se reserva el caso y se pronunciará en un próximo fallo”, dejando pendiente la evaluación de esta operación específica y sus posibles implicancias legales.

El caso refleja la importancia de la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a la educación y subraya que el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de exigir responsabilidad personal ante irregularidades detectadas. La sanción sirve como advertencia para que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de control y custodia de los recursos públicos, garantizando la correcta utilización de los fondos destinados a escuelas y programas educativos.

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