Spagnuolo mismo lo reconocía en los audios filtrados: “Bajar las pensiones es tarea mía”, mientras protestaba por las intromisiones de funcionarios de Casa Rosada en la operatoria. La auditoría, lanzada en octubre del año pasado, tenía como objetivo detectar irregularidades, pero en la práctica generó un trastorno masivo: personas con discapacidad, incluso con diagnósticos de nacimiento, debieron someterse a estudios médicos lejos de sus domicilios y sin apoyo suficiente, mientras más de 500 mil cartas documento rebotaron debido a problemas logísticos o domicilios desactualizados.
El ajuste ya estaba previsto en las metas del presupuesto 2025: de 1.266.945 pensiones vigentes a principios de año, el Ejecutivo planeaba entregar en diciembre solo 749.451, un recorte que combina auditoría, logística deficiente y falta de contacto con los beneficiarios para justificar la “poda”. Según trabajadores de la ANDIS, diariamente llegan entre 200 y 300 personas preguntando por sus pagos, muchos de los cuales ya fueron suspendidos, mientras el organismo obliga al personal a trabajar horas extras para procesar bajas directamente desde la computadora, sin atención directa.
La operación incluyó además una licitación millonaria con la empresa Andreani, que se llevó la parte más cara del envío de cartas documento: un gasto de 13 mil millones de pesos dentro de un total de más de 20 mil millones, lo que terminó beneficiando al Gobierno ante el fracaso de la entrega de cartas: 500 mil no llegaron a destino, generando un argumento para justificar los recortes.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, como la Directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Belén Arcucci, calificaron la auditoría como “una excusa para ajustar” y señalaron que las bajas están siendo arbitrarias, vulnerando derechos fundamentales. “A pesar de que el Gobierno dice que hay miles de pensiones mal otorgadas, la realidad es que las bajas están siendo arbitrarias, lo que vulnera derechos fundamentales de las personas”, afirmó.
Entre los casos denunciados se incluyen notificaciones que nunca llegaron, viajes de cientos de kilómetros para realizar estudios médicos, falta de turnos y confusión sobre los documentos requeridos, evidenciando un ajuste sistemático disfrazado de control administrativo que impacta directamente sobre los beneficiarios más vulnerables.
