El retiro implica que Argentina no podrá votar ni presentar resoluciones, aunque seguirá sujeta a los mecanismos internacionales de supervisión de derechos humanos. Amnistía Internacional destacó que el Consejo de Derechos Humanos permite monitorear violaciones, establecer misiones de investigación y exigir el cumplimiento de obligaciones gubernamentales, siendo un espacio clave para proteger derechos dentro y fuera del país.
Históricamente, Argentina fue miembro fundador y tuvo un rol activo en el Consejo, impulsando resoluciones sobre diversidad, justicia climática y respaldando misiones de verificación en países como Venezuela y Myanmar. El retiro actual supone un retroceso frente a esa tradición, limita la influencia del país en debates internacionales y envía una señal de alejamiento del compromiso multilateral que caracterizó a gobiernos previos.
Amnistía Internacional advirtió que la salida del país afecta su proyección internacional, reduce la capacidad de liderazgo y la posibilidad de influir en la definición de políticas y normas globales de derechos humanos. La organización concluyó que la medida de Milei “envía un mensaje preocupante sobre la voluntad del Gobierno de sostener compromisos con los derechos de las y los argentinos en el mundo”, debilitando herramientas diplomáticas históricamente utilizadas para defender estándares de derechos humanos.
El retiro de Argentina no es solo simbólico: representa un retroceso tangible en la política internacional del país, con implicancias políticas y diplomáticas, y una pérdida de influencia en la elaboración de normas y políticas que protegen derechos fundamentales, tanto a nivel global como dentro del país.
