Una investigación publicada por Noticias Argentinas advierte que el Gobierno de Javier Milei está generando un escenario propicio para la corrupción a través de la desregulación y el debilitamiento de los controles estatales. El informe señala que la falta de auditorías eficaces, la reducción de personal en áreas sensibles y el maltrato a los trabajadores públicos favorecen la aparición de prácticas irregulares en organismos nacionales.
El Ministro de Economía, Federico Sturzenegger, apodado “el titán” de Milei, es uno de los principales apuntados. Sus medidas de “desmaterialización” administrativa no solo desmantelaron estructuras, sino que dejaron a organismos clave sin capacidad de supervisión. Lejos de mejorar la eficiencia, el proceso abrió las puertas para que la corrupción encuentre terreno fértil. Para peor, todo hecho en nombre de la libertad.
También quedó bajo la lupa el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, por aplicar políticas salariales que castigaron a trabajadores esenciales del área impositiva y aduanera. Los sueldos ajustados muy por debajo de la inflación real provocaron una pérdida de motivación y capacidad operativa en los equipos responsables de prevenir maniobras ilícitas.
El deterioro se hace palpable en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el área de auditoría interna pasó de 16 profesionales a apenas 4 o 5. Esa reducción dejó sin vigilancia efectiva la gestión de recursos en un organismo particularmente vulnerable y hoy envuelto en un escándalo por coimas y retornos.
El mismo patrón se repite en el IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, donde las contrataciones directas —como las realizadas con la droguería Suizo Argentina— reemplazan a los procesos de licitación, generando un campo abierto para sobreprecios y sobornos a funcionarios.
El Gobierno de Javier Milei está lejos de constituirse en la alternativa ética que prometía. El vaciamiento de controles, la precarización del personal público y los sucesivos escándalos de corrupción —que afectan directamente a su núcleo político y familiar— desnudan una institucionalidad en retroceso. Este modelo no solo permite, sino que propicia un régimen de cooptación de recursos públicos, erosionando la confianza ciudadana y anulando cualquier narrativa de transparencia.
