La reciente filtración de audios del ex Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, destapó un escándalo de coimas que, según la Justicia, no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de recaudación política en La Libertad Avanza. Los audios sugieren que funcionarios de la ANDIS, como Spagnuolo y Daniel Garbellini, habrían solicitado aportes ilegales a prestadores de servicios para garantizar contratos con el Estado. Además, se menciona a figuras cercanas al Presidente Javier Milei, como su hermana Karina –Secretaria General de la Presidencia– y su asesor Eduardo «Lule» Menem, en el contexto de este esquema de recaudación.
La causa, a cargo del Juez Sebastián Casanello y el Fiscal Franco Picardi, está investigando si este patrón de coimas se ha replicado en otras áreas del gobierno. Recientemente, se han conocido nuevos audios que implican al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, en posibles maniobras ilegales relacionadas con la ANDIS. Estos audios sugieren que Sturzenegger habría ordenado la baja de pensiones a discapacitados para presionar a prestadores a realizar aportes ilegales.
Este patrón de coimas no se limita a la ANDIS. En otras áreas del Gobierno, como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), también se detectaron contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina, vinculada al escándalo de la ANDIS. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la firma de un contrato por 50 mil millones de pesos entre el IOSFA, a cargo del Ministro de Defensa, Luis Petri, y la Suizo Argentina. Esta empresa ha sido señalada en múltiples ocasiones por su vinculación con funcionarios del oficialismo y por prácticas de recaudación ilegal.
Además, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, ha adjudicado compras millonarias de medicamentos e insumos a la droguería Suizo Argentina. Solamente en lo que va de este año, la PFA ha realizado adquisiciones por más de 8 mil millones de pesos a esta empresa, que como se dijo está en el centro de una causa federal por presuntos sobornos a funcionarios públicos. Los procedimientos realizados por la Justicia incluyeron allanamientos en sedes, domicilios y vehículos vinculados a la empresa, donde se secuestraron dispositivos, documentación y altas sumas en dólares repartidas en varios sobres.
La magnitud de estos escándalos ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha afectado la imagen del Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con la promesa de terminar con los negociados de “la casta”. Según encuestas recientes, la confianza en el Presidente ha caído a su nivel más bajo desde que asumió el cargo. Además, militantes de La Libertad Avanza han expresado su desánimo y reticencia a salir a la calle debido a la presión mediática y las acusaciones de corrupción que afectan al partido, lo que se ha traducido en una suerte de «diáspora libertaria» con pequeños partidos políticos que siguen esa línea de pensamiento pero se resisten a encolumnarse tras la figura de Milei.
La Justicia continúa con las investigaciones para esclarecer la magnitud de este esquema de coimas y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un creciente malestar social y político que podría tener repercusiones en las próximas elecciones.
