La agenda social se convirtió en un frente crítico para el Gobierno de Javier Milei. En una misma semana, el Congreso y el Poder Ejecutivo quedaron envueltos en dos episodios que exponen debilidades en la gestión libertaria. Por un lado, la Cámara de Diputados anuló el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, marcando un límite político al ajuste oficial en un área de alta sensibilidad.
Por el otro, el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso contra las cuerdas a su titular, Diego Spagnuolo, íntimo amigo y abogado del Presidente. En audios filtrados, Spagnuolo describió un esquema de coimas a laboratorios, con la droguería Suizo Argentina como intermediaria, y menciona a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como beneficiarios del mecanismo. La revelación precipitó su salida, que en el entorno de la Casa Rosada ya se considera inminente.
La crisis se agrava porque el funcionario ya venía siendo cuestionado por su reacción hacia la madre de Ian Moche, el joven activista con autismo. En su momento, la mujer denunció públicamente que Spagnuolo le dijo: «Si vos tuviste un hijo con discapacidad,ese es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?». Esta declaración generó un repudio transversal.
El saldo político es doblemente adverso para Milei. En el Congreso, la oposición logró imponer que la discapacidad no puede quedar atada al ajuste fiscal; y en el Ejecutivo, el escándalo de Spagnuolo golpea de lleno la credibilidad de un organismo clave para la inclusión, además de salpicar de sospechas de corrupción al círculo íntimo presidencial.
