Ambas iniciativas fueron acordadas por un pleno de Gobernadores en una reunión que se desarrolló en el Concejo Federal de Inversiones (CFI), de la que participó Axel Kicillof. Según viene denunciando el Gobernador bonaerense, la administración de Javier Milei le debe a la Provincia al menos 12 billones de pesos. La cifra podría atenuarse si se aprueban las iniciativas legislativas, que de todos modos el Presidente podría vetar.
En el Congreso, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal pidieron la sesión especial para tratar vetos jubilatorios, los proyectos sobre ATN y combustibles, una reforma al Régimen Penal Tributario, y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.
El conglomerado de bloques opositores armó la agenda para que el último tema que se trate sea el proyecto sobre combustibles, y los primeros los vetos de la ley de discapacidad y del aumento del 7,2 por ciento a los jubilados.
Los proyectos impulsados por los gobernadores tienen asegurada la votación, pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios.
Por ese motivo acompañaron el dictamen de minoría de la LLA, diputados del PRO y de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Chaco Leandro Zdero, y de San Juan Marcelo Orrego.
El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.
De acuerdo a esa iniciativa se deberán enviar en forma “diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6º de la ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”.
En tanto, el dictamen impulsado por el Gobierno propone que los ATN sigan usándose para emergencias en forma discrecional por el Gobierno, y el remanente distribuido de acuerdo con la ley de coparticipación.
Por su parte, el proyecto de reforma a la ley de combustibles respalda la decisión de eliminar fondos fiduciarios, pero establece una nueva distribución del tributo para que el Gobierno Nacional solo pueda tener el 14,29 por ciento de los recursos y el grueso de ese dinero se envié a las provincias.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de acuerdo a los índices de coparticipación.
Hasta ahora, el 10,4 por ciento va a las provincias, el 28,69 a la ANSES, y el 24,29 al Tesoro, y el resto se usaba para sostener determinados fondos fiduciarios que hoy se eliminaron, con lo cual esos recursos quedaron en manos de la Nación.
En el proyecto sancionado también se eliminan los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte, del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.
En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 % de la recaudación para el ANSES, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias.
