La situación del agua en Saladillo sumó un capítulo clave tras dos resoluciones judiciales que ponen al Municipio en el centro de la escena. Por un lado, la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una condena previa por no haber contestado satisfactoriamente los pedidos de información sobre la calidad del agua potable. Por otro, el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 intimó al Ejecutivo a responder en un plazo de cinco días sobre el “riesgo de daño grave a la salud” señalado en estudios realizados por la sociedad civil.
El reclamo fue impulsado por el grupo ambiental Ecos de Saladillo, junto con el abogado Fernando Cabaleiro y la organización Naturaleza de Derechos, que desde hace años denuncian altos niveles de arsénico y rastros de agrotóxicos en el agua de red.
Frente a este escenario, Ecos anunció que volverá a insistir ante el Concejo Deliberante con tres proyectos de ordenanza presentados en 2023 y nunca tratados: actualizar los límites de fumigación, promover la agroecología y establecer un sistema de monitoreo periódico del agua potable, con publicación abierta de los resultados.
Las resoluciones judiciales representan un respaldo a los reclamos ambientales que desde hace casi dos décadas plantea la organización local. Con los fallos en mano, los ambientalistas exigen medidas urgentes para garantizar el derecho humano al agua potable y evitar daños irreparables en la salud de la población.
