El Presidente Javier Milei presentó su descargo judicial en la causa iniciada por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, que reclama la eliminación de un tuit en el que fue mencionado y vinculado con una supuesta operación política.
En su escrito, Milei sostuvo que la publicación se realizó desde su cuenta personal (@JMilei) y que no debe considerarse un acto estatal. Afirmó que su mensaje está amparado por la libertad de expresión, rechazó borrar el contenido y calificó la demanda como parte de la “cultura de la cancelación”.
No obstante, las acciones provienen desde la investidura presidencial y se llevan a cabo utilizando el aparato comunicacional de la Jefatura de Estado, lo que agrava el señalamiento hacia un menor de edad con discapacidad. El hecho cobra especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa recortes en programas y apoyos para personas con discapacidad, lo que ha generado fuertes cuestionamientos de organizaciones y especialistas.
De confirmarse judicialmente que la cuenta de la red social X @JMilei no es personal sino institucional, podría repercutir desfavorablemente para Milei y su entorno en el caso $LIBRA, donde se investiga el uso de recursos públicos para operaciones comunicacionales y financieras entre privados.
Milei sostiene que su crítica no apuntaba a Ian Moche, sino al periodista Paulino Rodrigues, y que, al definirse Moche como “activista”, debe aceptar el debate público. Sin embargo, el Presidente se ampara en la “libertad de expresión” para agredir a voces disidentes, mientras utiliza el aparato del Estado para perseguir judicialmente a periodistas, como en el reciente caso de Julia Mengolini.
