El frente opositor, integrado por bancadas como Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal, impuso una agenda propia que incluyó la media sanción de dos proyectos de ley de gran relevancia. Uno de ellos, enfocado en el financiamiento de las universidades nacionales, propone destinar el 1% del PBI a este fin para asegurar los recursos y recomponer los salarios del sector. El otro, conocido como Ley Garrahan, declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias médicas.
La ofensiva de la oposición no se detuvo ahí. También se rechazaron cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, que disponían la disolución de organismos clave como el INTI y el INTA (DNU 462/25), así como de Vialidad Nacional (DNU 461/25). Otros decretos que fueron rechazados afectaban a organismos de la Secretaría de Cultura (DNU 345/25), al Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25) y establecían límites al derecho a huelga para la Marina Mercante (DNU 340/25).
Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles; la emergencia en ciencia y tecnología; un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer; y el funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.
