La denuncia se basa en la Ley RICO de EE.UU. —equivalente a una «Ley antimafias»— y plantea la existencia de una «asociación ilícita empresarial». Los demandantes afirman que el proyecto de inversión era falso y que el presidente Milei fue una pieza clave en el engaño a través de una «promoción altamente engañosa» en un tuit. El mensaje asociaba la criptomoneda a un proyecto para financiar pequeños emprendimientos, dándole así una falsa apariencia de legitimidad.
El documento judicial apunta al especulador financiero Hayden Davis, creador de $LIBRA, como una figura central. Se lo señala por su presunta relación con el entorno presidencial, mencionando que Karina Milei fue la persona que le autorizó el acceso a la Casa Rosada en julio de 2024. Además, se citan mensajes de texto en los que Davis se jactaba de tener una relación cercana con la hermana del presidente y afirmaba que «mandándole dinero a la hermana de Milei» lograría «que él firme y haga lo que yo diga».
Para los demandantes, el tuit del presidente fue fundamental para el fraude, ya que provocó una disparada en la capitalización de la criptomoneda, tras lo cual los acusados comenzaron a extraer capital de manera sistemática. La demanda colectiva nombra como principales acusados a Hayden Davis, Julian Peh y Benjamin Chow.
La situación también tiene un correlato judicial en Argentina. La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano investigan una causa por posibles sobornos y pagos irregulares, en la que se encuentran imputados, además de Milei y su hermana, los «criptobros» Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En ambos expedientes, tanto en Nueva York como en Argentina, se busca rastrear las transacciones para desentrañar la red de complicidades.
El diputado Oscar Agost Carreño advirtió que la invocación de la Ley RICO podría abrir la puerta a un futuro juicio contra el Estado argentino por el rol del presidente en esta presunta estafa.
