La decisión judicial, que responde a una acción de amparo presentada por Poletti el 23 de mayo, exige la reparación integral del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51. La orden es clara: las obras deben comenzar en un plazo máximo de diez días y completarse en tres meses, con informes de avance mensuales presentados ante el tribunal. Además, se deberá instalar señalización de advertencia, límites de velocidad y otras medidas de seguridad para prevenir accidentes y daños vehiculares.
La demanda del intendente se basó en que, a pesar del aumento del 400% en las tarifas de peaje en el último año, no se habían realizado mejoras en la ruta. Poletti argumentó que la «reiterada omisión» de la DNV en su deber de mantenimiento había vuelto intransitable y peligroso el puente de acceso a la ciudad, lo que había provocado un aumento significativo de accidentes y heridos graves.
Esta acción individual de Poletti se suma a una presentación legal más amplia de febrero, en la que se unió a otros 20 intendentes y al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires en una demanda contra el gobierno nacional. En aquella ocasión, el reclamo era por la supuesta «desviación de fondos multimillonarios» destinados al mantenimiento de nueve rutas nacionales.
