La resolución suspende los efectos y la aplicación de los artículos 1, 4, 5 y 8 del Decreto del pasado 8 de mayo, y la liquidación de la totalidad del patrimonio que compone el FISU, que consistía en financiar proyectos de urbanización e integración socio urbana en los barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un programa orientado a la formalización de asentamientos informales.
Además, el magistrado emplazó al Estado nacional para que en tres días informe cuál es el saldo existente en las cuentas bancarias, inversiones, colocaciones financieras correspondientes al FISU y que identifique la totalidad de los bienes fideicomitidos del mismo, así como la composición de sus recursos según su respectiva fuente de financiamiento.
Durante la gestión de Alberto Fernández, la administración del FISU quedó bajo el mando de Fernanda Miño, dirigente del Frente de Patria Grande, el espacio que lidera Juan Grabois. Luego, tras el cambio de gobierno, pasó a la órbita de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y hombre clave en el círculo de la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei.
En este contexto Heim, que en noviembre del año pasado ya había ordenado al Gobierno de Milei un plan para integrar los barrios populares, ahora en su fallo decidió aplicar sanciones conminatorias contra Pareja “a razón de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo ordenado” en aquel momento.
Cabe recordar que en febrero de 2024 el Gobierno nacional le dio el primer golpe al FISU al reducir de 5% a 1% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado a ese programa. Lo hizo a través del decreto 193/2024, que fue luego cuestionado por el primer fallo de ese magistrado federal.
