Antes de la violenta intervención, se celebró una misa frente al Parlamento. Allí, líderes de iglesias católica y evangélica denunciaron la «violencia institucional del Gobierno de Javier Milei». Como en ocasiones anteriores, el operativo policial, que involucró a múltiples fuerzas de seguridad, no dudó en usar gases lacrimógenos y bastones contra los manifestantes, en su mayoría adultos mayores que pedían una mejora en sus magros ingresos.
«Prefieren gastar mucha plata en estos operativos que son carísimos en vez de sentarse con el sector que está siendo golpeado a ver cómo pueden ayudar», le dijo a Página/12 la Diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, que estuvo en la plaza del Congreso. «Miércoles tras miércoles los jubilados son golpeados y gaseados por las fuerzas de la Ministra Bullrich, que hace un circo mediático porque no te pueden dar respuesta de otra forma», agregó la legisladora.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) documentó el alcance de la represión. Su informe precisó que «82 personas resultaron heridas, principalmente por quemaduras provocadas por gases lacrimógenos». Además, una persona necesitó internación «debido a un golpe en la cabeza», lo que da cuenta de la virulencia del accionar policial.
La prensa también fue blanco del accionar represivo. Numerosos periodistas que cubrían la manifestación resultaron afectados. La CPM reportó que «varios periodistas resultaron heridos» y que «otros terminaron detenidos», en lo que constituye un claro intento por obstaculizar la difusión de los hechos. Esta situación generó un fuerte repudio de gremios y asociaciones de prensa, que exigieron garantías para el ejercicio de su profesión.
La nueva jornada de protesta y posterior represión subraya la creciente tensión entre el Gobierno nacional y diversos sectores de la sociedad, en un contexto de ajuste económico y reclamos por la situación social.
