Nación dictó un decreto que amplía la definición de servicios esenciales, endureciendo las condiciones para el derecho a huelga. Esto generó un inmediato y duro rechazo por parte de la CGT, que anticipa una fuerte disputa.
Aunque algunos servicios como la salud y ciertas áreas del transporte ya eran considerados esenciales bajo la normativa previa, el decreto amplía significativamente su alcance. La medida establece un régimen especial para la Marina Mercante, declarando a la navegación marítima y fluvial como un servicio esencial.
Además, suma rubros clave como el transporte terrestre y subterráneo, las telecomunicaciones, la educación y las actividades portuarias. Para todos estos sectores, el decreto exige un mínimo de operación del 75% durante los conflictos, y un 50% para aquellos clasificados como de «importancia vital».
Desde el ámbito legal, el abogado laboralista Matías Cremonte ya expresó críticas a la norma. Según Cremonte, este decreto prácticamente prohíbe las huelgas al imponer un nivel de servicio tan elevado durante las disputas laborales. Además, sostiene que la legislación argentina, en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo debería considerar esenciales a los servicios cuya interrupción ponga en peligro directo la vida, la salud o la seguridad de la población.
Por su parte, la CGT no tardó en reaccionar, condenando enérgicamente el decreto y calificándolo como un «grave ataque» al derecho a huelga. La central obrera ya adelantó que «dará las batallas que haya que dar», y se prepara para enfrentar la medida con acciones legales y movilizaciones en los lugares de trabajo. La central obrera considera que la normativa es un nuevo y claro intento de limitar los derechos de los trabajadores.
