Por un lado, el Gobierno encabezado por Axel Kicillof dio un paso significativo hacia la estabilidad laboral y la mejora de condiciones. Recientemente, se oficializó el primer Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y AUBASA, la empresa de caminos bonaerense. Este acuerdo, impulsado por Kicillof y el Ministro de Trabajo Walter Correa, busca brindar un «marco de protección específico» a los empleados de peajes bajo la órbita de provincial, mejorando sustancialmente sus condiciones laborales.
Desde el SUTPA resaltaron que este convenio pone fin a «años de tensión», y el sindicato busca extenderlo a todo el sector. Esto se presenta como un beneficio directo para los trabajadores, al darles un marco de protección y estabilidad y, por extensión, derivaría en un mejor servicio para los usuarios. La idea es “asegurar mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras sin importar si se desempeñan en el ámbito público o privado”, explicaron desde la entidad gremial.
«Este modelo apuesta a la inversión, la seguridad vial y la modernización del sistema de concesiones, con una visión que incluye la reconversión laboral y la incorporación de nuevas tecnologías sin dejar a nadie afuera», agregaron.
Por su parte, el Gobierno nacional está avanzando con un plan de privatización del mantenimiento y la operación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo gran parte de los 5.800 kilómetros que actualmente gestiona la estatal Corredores Viales S.A. El objetivo es dejarlas en manos privadas y eliminar subsidios, e implica la pérdida de fuentes laborales. Este proceso involucra la finalización de contratos existentes y el cierre de Corredores Viales S.A., una sociedad estatal administrada por el Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ministerio de Economía) y Vialidad Nacional que gestiona las rutas y autopistas nacionales en 13 provincias, siendo un engranaje central para la circulación de bienes y personas.
Esta iniciativa de Nación ya está generando consecuencias directas y negativas para los trabajadores de peajes. Se han registrado paros y protestas, como los ocurridos en la Ruta 226, impulsados por el SUTPA ante la preocupación por la privatización y los despidos. De hecho, se informó que más de 100 empleados fueron desvinculados por Corredores Viales S.A. tras estas manifestaciones, lo que generó una fuerte reacción de los trabajadores, quienes defienden sus puestos de trabajo y exigen un salario digno. Este enfoque del Gobierno nacional, centrado en la privatización y la reducción de la estructura estatal, se traduce en incertidumbre y despidos para los trabajadores, lo que a su vez generaría interrupciones en el servicio para los usuarios debido a conflictos laborales.
En resumen, mientras la Provincia de Buenos Aires busca estabilizar el sector de peajes bajo su órbita a través de un Convenio Colectivo que beneficia a los trabajadores, el Gobierno Nacional avanza con un plan de privatización masiva que está provocando despidos y conflictos en las rutas bajo su jurisdicción.
