Según el Juez Pagliere, la facilidad con la que los reclusos acceden a teléfonos móviles permite que, desde el interior de los penales, se coordinen extorsiones a comerciantes y vecinos, se den órdenes para la comisión de robos en viviendas y establecimientos, se planifiquen secuestros extorsivos y se gestione la distribución y venta de drogas en el territorio. «Esta falta de control efectivo hace que la pena impuesta pierda su sentido, ya que los delincuentes continúan delinquiendo desde su lugar de detención», indicó el magistrado.
Pagliere también se refirió a las dificultades que enfrenta el sistema para controlar el ingreso de estos dispositivos: «Sabemos de los esfuerzos que se realizan para evitar el ingreso de celulares, pero la realidad es que siguen entrando por diversas vías. Esto requiere una revisión urgente de los protocolos de seguridad y la implementación de nuevas tecnologías que permitan bloquear la señal dentro de las cárceles».
Según detalló, las autoridades se encuentran en la búsqueda de soluciones para mitigar este problema. Entre las medidas que se evalúan se encuentran la instalación de inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios y la implementación de protocolos de control más estrictos para evitar el ingreso de dispositivos. Sin embargo, la extensión del sistema carcelario y las diversas estrategias utilizadas para introducir teléfonos de contrabando representan un desafío significativo para las autoridades.
