La empresa de peajes Corredores Viales S.A. ya no estará conducida por un directorio, como lo establece la ley, sino por una funcionaria que fue elegida por la administración de Javier Milei, que puso el pie en acelerador y dispuso la intervención de la estatal.
Lo hizo a través del decreto 244/2025 y en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley Bases. La medida se enmarca en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para intervenir y reorganizar empresas públicas como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado impulsado por la administración Milei. La interventora designada es Anastasia María de los Ángeles Adem, persona de confianza del Subsecretario de Gestión Institucional Eduardo «Lule» Menem.
Según lo dispuesto, Adem asumirá las funciones del Directorio y estará facultada para realizar auditorías de gestión, revisar la administración de contrataciones, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, y proponer reformas estatutarias. Además, podrá designar y remover personal, operar y mantener la sociedad hasta su eventual disolución, y deberá rendir cuentas al Ministerio de Economía.
La intervención se produce luego de que el Ejecutivo autorizara el inicio del proceso de privatización total de la compañía, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de «optimizar la gestión administrativa» de la empresa y «sostener su funcionamiento durante el período de transición», asegurando que el proceso se llevará adelante con criterios de transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los usuarios.
El decreto también instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar en el proceso, que contempla una auditoría de inicio y de cierre y la eventual liquidación de la sociedad.
