En la ocasión se encontraban presentes los concejales Agustín Puyou, Jorge Ferrarello, Xavier Cabrera Cisneros, Gabriela Lambusta, María Inés Laurini, Juan Louge, Gisella Hiriart, Consuelo Burgos, Andrea Barceló, Virginia Torres y Saúl Lucero y autoridades legislativas.
Cabe destacar que, a fines de febrero en conferencia de prensa, desde el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) se detallaba que habían sido detectadas irregularidades en el cobro de facturas, operatoria de la que habrían participado personal de la Cooperativa y empresarios locales, y que implicaría una estafa de alrededor de 150 millones de pesos.
Al respecto, Pallia detalló que a partir de esto, el Municipio realizó una presentación ante la Justicia para ser aceptado como particular damnificado directo de la presunta maniobra fraudulenta, como poder concedente del servicio público de energía eléctrica. Por un lado, ante la posibilidad de que el mencionado servicio pudiera haberse afectado con los hechos denunciados y por otro, porque la facturación de la CEAL se vincula con las finanzas municipales. En principio, el funcionario brindó un informe del estado de situación y de las actuaciones judiciales realizadas desde la Municipalidad de Azul como particular damnificado.
Posteriormente, se refirió a la información con la que cuentan sobre el estado de la causa, el accionar de la fiscalía al respecto y la deuda que la CEAL mantiene con CAMMESA. Por otra parte, se analizó el funcionamiento del Consejo de Administración, el rol que cumple el representante municipal, los organismos de control y los balances publicados por la Cooperativa.
Por último, Pallia informó que la situación judicial de la CEAL no tiene injerencia en la obra de infraestructura de Villa Piazza Sur, cuya tercera y última etapa está pronta a comenzar.
Durante el encuentro en el recinto legislativo, el Secretario de Gobierno respondió las preguntas de los concejales y enfatizó que desde el Ejecutivo se sigue de cerca el avance de la Justicia para que se determine con claridad el carácter de la operatoria que habría perjudicado al Municipio y, en consecuencia, a la comunidad a la que se representa.
