El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, interrumpió de forma irregular una sesión en la que la oposición tenía los votos para avanzar en la remoción de las facultades delegadas a Javier Milei y en la normalización de la comisión de Juicio Político. Una alta fuente del palacio legislativo afirmó que “esta vez el Gobierno no pudo dar vuelta los votos que le faltaban, ni comprando voluntades ni amenazando a legisladores y gobernadores, como había hecho hasta ahora cada vez que tuvo problemas. Quedará en la historia”.
Mientras tanto, afuera, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo militarizado para dispersar con violencia a los manifestantes que estaban protestando pacíficamente y se obstinaban en volver a agruparse ante el avance de gases, tiros y camiones hidrantes. Un grupo se desplazó hasta la Casa Rosada. La Plaza del Congreso quedó cubierta por una alfombra de cartuchos verdes y azules y todo el centro porteño se convirtió en un teatro de operaciones. El aire picaba y se hacía difícil respirar mientras las patrullas policiales salían de caza y los helicópteros surcaban el cielo.
El fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad cuando una lata de gas impactó en su cabeza y le fracturó el cráneo. Anoche luchaba por su vida mientras Patricia Bullrich daba notas por televisión. “Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la municipalidad de Lanús”, se justificó la Ministra de Seguridad, a cargo del operativo de represión. El mensaje es claro: se castigará, incluso con la muerte, a quienes se opongan a este gobierno. Ese es el único delito por el que se detuvo a más de 150 personas. Lo dejó claro la Policía de la Ciudad, que con un camión hidrante avanzaba mientras desde sus megáfonos gritaban “Vengan zurdos”.
Es un escenario desolador para la democracia. La Corte Suprema, de conformación irregular, fue desautorizada por tribunales inferiores: tiene una crisis de legalidad y legitimidad que el Gobierno ahondó al imponer jueces por decreto. El nombramiento de Manuel García Mansilla puede desatar a su vez un conflicto entre los tres poderes si el Senado avanza con el rechazo de su pliego y la Casa Rosada insiste con mantenerlo en su oficina hasta que venza su comisión, en noviembre. La certeza es que Milei impulsa ese conflicto. Va al choque contra el Congreso.
Ayer no alcanzaron las negociaciones, los sobornos o los aprietes, y el Gobierno no tenía forma de evitar que dos votaciones en Diputados le dieran un revés en temas sensibles al Ejecutivo. En primer lugar, se iba a emplazar un dictamen de comisiones para que le revoquen al presidente las facultades delegadas que otorga la la Ley de Bases; luego el pleno de la cámara normalizara el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, que tarde o temprano puede decidir sobre su destino. La solución fue arrastrar al diputado Oscar Zago fuera del recinto y aprovechar la confusión para que Menem diera por levantada la sesión de manera abrupta e ilegal, lo que ocasionó fuertes (y vanos) reclamos por parte de la oposición.
Desde la Casa Rosada celebraron la demostración de fuerza. Pero la violencia no transmite fortaleza sino debilidad. Un gobierno tiene que reprimir cuando las cosas no le salen bien. Ninguno lo hace si está pasando un buen momento. Milei no está pasando un buen momento, pero ya demostró que está dispuesto a pagar en sangre el precio para seguir. La pregunta es hasta dónde lo van a dejar llegar.
Hoy, el día después a la brutal represión de las fuerzas de seguridad desatada en el Congreso de la Nación durante la marcha de los jubilados, se conoció la noticia de que el Gobierno de Milei incrementó los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La suba quedó establecida mediante la resolución 186/2025 publicada en el Boletín Oficial. En el anexo de dicha normativa, se determinó que el programa de Información e Inteligencia de la SIDE reciba, en concepto de una ampliación presupuestaria, un «crédito» de $7.366.286.591, algo menos de 7 millones de dólares a precio oficial.
