Nota de opinión de Yamila Galdós Carrizo, Presidenta del bloque del PJ en el HCD.
Lo que estamos viendo aquí no es un simple conflicto administrativo, es una clara demostración de violencia institucional y laboral. Se trata de una persecución en toda regla, donde el Estado Municipal está siendo utilizado como herramienta para hostigar a una mujer que, en ejercicio de su derecho, ha denunciado un hecho de violencia laboral. En vez de garantizarle la protección que merece, el Intendente Egüen ha optado por poner a la institución a disposición de la defensa de un delegado denunciado, que además está sujeto a una medida cautelar impuesta por la Justicia, una perimetral dictada por la Jueza de Paz.
Este accionar no es sólo injusto, sino que refuerza el clima de impunidad y desprotección hacia los trabajadores municipales que, como nuestra compañera, se animan a hablar y a denunciar. Lo que se está haciendo aquí es encubrir al agresor y, en vez de actuar con la responsabilidad que el cargo exige, el Intendente ha decidido sumarse al ciclo de violencia al perseguir y castigar a la víctima.
Resulta alarmante y preocupante que un gobierno municipal, en lugar de defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores, se ponga del lado de los agresores. En vez de hacer valer la ley, de tomar medidas en contra del Delegado Romano, Egüen ha decidido perseguir a la mujer denunciante, utilizando el aparato del Estado Municipal para tratar de callarla, silenciarla, y vulnerar sus derechos.
Es una clara violencia laboral, que también se entrelaza con una violencia institucional que no puede ser permitida en ningún ámbito.
La postura del Intendente Egüen es una demostración de cómo el abuso de poder se puede desplegar bajo la figura de un falso liderazgo, que lejos de proteger a las trabajadoras, las expone aún más a situaciones de desamparo y angustia.
Repudio firmemente esta persecución y exijo la inmediata rectificación de esta medida administrativa. Es fundamental que el Estado Municipal se ponga al servicio de las víctimas, garantizando un ambiente de trabajo seguro y libre de discriminación y acoso para todas y todos.
No podemos permitir que la violencia laboral sea avalada por el poder político, y seguiremos luchando para que este tipo de injusticias no se repitan en nuestro Partido.
