El Gobierno de Javier Milei envió el lunes al Congreso un proyecto que busca agilizar los trámites de divorcio. El texto prevé la posibilidad de finalizar el matrimonio por vía administrativa, es decir, sin tener que contratar abogados ni pasar por la Justicia. Eso sí: la posibilidad sólo sería válida si ambos cónyuges están de acuerdo. El proyecto se suma a la “ley hojarasca”, un paquete que el Gobierno envió al congreso con más de 70 leyes para derogar. La iniciativa fue rechazada por los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
En un comunicado, el Colegio de Abogados Departamental Azul expresó “su más absoluto rechazo y repudio al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso donde se pretende reformar el Código Civil y Comercial de la Nación, propiciando el divorcio ‘express’ ante un organismo administrativo”.
“La disolución del vínculo matrimonial genera un sinnúmero de consecuencias jurídicas que deben ser advertidas y anoticiadas antes de tomar una decisión trascendental en las familias y ello sólo puede asegurarse con la intervención de un profesional idóneo en el conocimiento de los alcances de la Ley”, manifestaron desde el Colegio de Abogados de Azul.
En el mismo escrito, el Colegio manifestó que “oculto tras los fines de la simplificación, economía y rapidez de los trámites, el Gobierno avanza sobre los derechos individuales de las personas, aumentando la indefensión de los más vulnerables. Inclusive, las estadísticas de violencia intrafamiliar y de género son un llamado de atención que no puede ser ignorado por las autoridades”.
En el tramo final del comunicado de repudio a esta iniciativa del Gobierno nacional, el Colegio Departamental sostuvo que “somos los abogados los encargados de asesorar sobre las consecuencias jurídicas que implican modificaciones disruptivas en el régimen patrimonial y la vida cotidiana de las personas”.
Como remate al rechazo, el Colegio de Abogados de Azul concluyó que “el proyecto elevado resulta un avasallamiento de los derechos y el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas a la que nos oponemos por ser contrarios a los preceptos constitucionales y tratados internacionales”.
